La presidenta de la Comisión Europea ha presentado ante el Parlamento, una propuesta de reglamento destinada a sustituir la actual Directiva Europea sobre Morosidad. Con el propósito de fortalecer la solidez financiera de las empresas y abordar el creciente problema de morosidad en las transacciones comerciales. Sujeto a la esperada aprobación, este reglamento introducirá cambios sustanciales en los plazos de pago entre empresas.
La normativa propuesta implica la reducción del período de pago de las empresas a un máximo de 30 días, en contraposición a los 60 días establecidos anteriormente. Además, establece que cada Estado miembro designará una autoridad encargada de velar por el cumplimiento de los plazos de pago, facultada para imponer multas, sanciones y medidas cautelares, así como llevar a cabo inspecciones sin previo aviso.
Un punto destacado del reglamento es la compensación por los costes de recuperación: el deudor deberá abonar una cantidad fija de 50 euros por cada transacción comercial cuando se generen intereses de demora. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), señala que esta propuesta pone fin a la injusticia de que sea el acreedor quien asuma los intereses generados por los retrasos en los pagos.
La morosidad, más allá de afectar la competitividad, incrementa la incertidumbre y disminuye la participación de las pymes en la contratación pública. También conlleva aumentos en las necesidades de capital circulante, costos asociados al tiempo invertido en la persecución de deudores y gastos de financiación.
El reglamento aborda prácticas contractuales ilegales, como plazos de pago que infringen la ley, limitación de derechos del acreedor o retraso intencional en el envío de facturas, declarándolas nulas y sin efecto. La iniciativa de la Comisión Europea busca automatizar legalmente el pago de tasas compensatorias e intereses en casos de morosidad, facilitando el acceso a una reparación efectiva a través de la mediación y, se espera que se reduzcan significativamente los costos asociados a litigios.
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